Proponen un “Parlamento Metropolitano” para la ciudad y el conurbano

Agencia CTyS (Javier D’Alessandro) – Los recientes conflictos por la ocupación de tierras fiscales en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y la polémica en torno a la implementación del MetroBus, pusieron de manifiesto la escasa coordinación política en torno a la planificación urbana del área metropolitana de Buenos Aires.

En este contexto, investigadores del Observatorio Urbano Local de la Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), perteneciente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), proponen un modelo de gestión interjurisdiccional del área metropolitana que denominan “Parlamento Metropolitano”.

Según Artemio Abba, director de OUL-BAM, este Parlamento funcionaría “como una especie de comisión especial de las legislaturas de la Provincia y de la Ciudad”. La idea es que unaparte de los legisladores porteños y otra de los diputados bonaerenses, según corresponda a las secciones electorales de los partidos del conurbano, sea elegida también para formar parte de este nuevo organismo.

“Así, sin crear un parlamento nuevo, sin necesidad de nuevas estructuras ni nuevos presupuestos, y fijando una representatividad proporcional a la población de cada distrito, podría componerse un esquema alternativo con representatividad interjurisdiccional, que genere acciones coordinadas entre los diferentes gobiernos”, expone el experto, arquitecto y planificador urbano y regional.

El especialista también destaca que “esta forma de gestión no se contrapone con el sistema de gobierno federal, ya que crea un órgano que no compite con la potestad de los estados soberanos integrados parcial o totalmente a la región, sino que los integra con una representatividad equilibrada”.

Un problema de todos

Buenos Aires, como otras grandes ciudades del mundo, superó ampliamente sus límites “legales”, y se extiende mucho más allá del Riachuelo y la Av. General Paz; sus casi 13 millones de habitantes se distribuyen en un territorio de 2.750 km² compartidos por la Capital Federal y 24 partidos del conurbano bonaerense, lo que genera una compleja superposición de administraciones que dificulta la planificación estratégica integral de la región.

“En la actualidad, la gestión de las áreas metropolitanas es uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo contemporáneo. Nuestra propuesta es la creación de un organismo interjurisdiccional que fije políticas de Estado integrales, que los gobiernos municipales, provinciales y nacionales estén obligados a ejecutar”, explica Abba.

Según una serie de informes realizados por OUL-BAM, las áreas de transporte, vivienda, salud, residuos y ambiente deben tener un abordaje interdisciplinario y multijurisdiccional, que conjugue las necesidades poblaciones con las posibilidades presupuestarias e infraestructurales de cada unidad de gobierno.

“Son los problemas clásicos y, sin embargo, los más difíciles de resolver, porque a veces las jurisdicciones se pelean en lugar de trabajar en conjunto para lograr soluciones”, apunta el especialista y ejemplifica: “Esto se vio claramente en los conflictos en el Parque Indoamericano. Después de varios días de mucha tensión, cuando hubo un mínimo acuerdo entre Nación y Ciudad y se hizo el censo para otorgar las viviendas, la gente se retiró con tranquilidad porque había un mensaje más claro”.

En este sentido, el arquitecto postula que estos cinco ejes están profundamente relacionados. “El problema de tierras también se deriva de que el transporte público se ha estancado y no se ha expandido hacia las afueras de la ciudad, lo que limita la posibilidad de generar nuevas tierras urbanas para las clases populares, por lo que ha crecido la periferia interna de la ciudad, es decir la ocupación de los ‘patios de atrás de la ciudad’, pegados a las cuencas hídricas o las líneas ferroviarias”.

“Estas zonas límites, que son accesibles con transporte público rápido y económico, pero que están contaminadas y no cuentan con servicios públicos básicos como energía eléctrica, gas o agua potable, constituyen rápidamente situaciones de enorme deterioro social que deben ser atendidas”, reflexiona Abba.

Según expone, estas tierras “son ocupadas por sectores vulnerables que conforman la mayor parte de la mano de obra de la construcción, la industria textil y el trabajo doméstico, y que, debido a la enorme precarización de sus empleos, deben estar cercanos a los centros urbanos, por la enorme diversidad y oferta laboral que les permite cambiar de trabajo con mayor facilidad”.

“En estos cinco ejes que proponemos, no se puede seguir trabajando sin coordinación entre Ciudad, Provincia, Nación y Municipios”, advierte tras recordar el “hecho prometedor” de que la Corte Suprema haya instado a todas esas instancias a trabajar en conjunto en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR), para el saneamiento ambiental del área.

“Creo que ha sido un cambio muy importante, que en materia de interjurisdiccionalidad abre nuevos caminos que parecían cerrados en un Estado de organización federal, y revaloriza el tímido artículo 124 de la Constitución Nacional, agregado en la reforma de 1994”, se esperanza el director de OUL-BAM.

Según este artículo, “las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines”.

En esta sintonía, Abba concluye: “La jurisprudencia admite ahora que ante la existencia de un bien público común en riesgo los Estados involucrados deben proponer soluciones y llevarlas adelante en forma asociada”.