Vuelve a extenderse la Emergencia Territorial Indígena

Marianela Ríos (Agencia CTyS-UNLaM)- El martes pasado, a través de la vocera presidencial Gabriela Cerruti, el Gobierno Nacional ya había anunciado que la prórroga de la Ley Nacional 26.160, que da respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas de todo el país, se aprobaría por Decreto de Necesidad y Urgencia, ante el riesgo de su vencimiento el próximo 23 de noviembre.

A contrarreloj, el DNU 805/2021, finalmente, vio la luz en las primeras horas de este jueves y extiende los plazos hasta el 2025. Además, establece la asignación "para cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al presente decreto de un crédito de 290 millones de pesos destinados a la atención del Fondo Especial".

La norma, de carácter transitoria, tenía un plazo de vigencia de cuatro años. Sin embargo, la falta de cumplimiento hizo que se prorrogue –ahora- en cuatro oportunidades (2009, 2013, 2017 y 2021).

“Es una ley que plantea una emergencia territorial porque muchas comunidades, que habitan sus tierras ancestrales, son desplazadas. Hasta el momento, solo el 42 por ciento fueron relevadas y muchas apenas cuentan con carpetas técnicas que avanzan mediante trámites burocráticos que ejecuta el mismo Estado”, alertó Malena Castilla, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) actualizados en agosto de este año, en el país existen, aproximadamente, 1760 comunidades indígenas, de las cuales 1015 no cuentan con el relevamiento territorial concluido.

La ley contaba con media sanción del Senado, pero su llegada a Diputados estaba demorada, lo que había encendido las alarmas ante posibles desalojos. En su paso por la Cámara Alta, se modificó el artículo 3, que nombraba al INAI como único encargado de llevar adelante el relevamiento y sumó la intervención de los Estados provinciales, municipales y parques nacionales.

Este cambio fue tomado con reservas por parte de representantes de comunidades indígenas, organizaciones y sectores académicos que acompañan su reclamo al denunciar que, en muchas ocasiones, las autoridades locales actúan en connivencia con empresarios, lo que podría poner en riesgo la realización del relevamiento preservando los derechos de estos pueblos.

Carrera de obstáculos e intereses contrapuestos

Las causas de la demora en la aplicación de la ley son muchas. Una de ellas es la ausencia de recursos humanos y su capacitación técnica para llevar adelante el relevamiento. Según Castilla, la falta de interés político y la persistencia de discursos de odio y criminalización son otros de los motivos.

“Cuando una va a una provincia, tiene que articular con los diferentes niveles de gobierno para poder llegar a los lugares. Si, encima, tenés en contra a un sector de la sociedad, porque está influenciado o presionado por estos actores privados, es muy difícil- analizó la antropóloga- ¿Se debería haber avanzado en el relevamiento? Sí, pero la realidad es que hay mucha presión y también tuvimos dos años de pandemia que imposibilitaron llevar adelante esta tarea”, resaltó.

Los lugares que habitan las comunidades, además, están en la mira. Su falta de reconocimiento por parte del Estado nacional es la puerta de entrada que encuentran los sectores empresariales para disputar ese espacio. En diferentes puntos del país, los desalojos, mayormente violentos, son regulares.

“Las comunidades indígenas están en territorios que son de importancia para el empresariado, desde el agroganadero hasta el turístico. Tenemos situaciones en el norte, con comunidades asentadas en territorios que quieren ser aprovechadas para el cultivo de soja y otros productos que se exportan al exterior. Pero también en la Patagonia hay un montón de situaciones con actores del sector inmobiliario”, precisó la docente de la UNLaM.

Asimismo, destacó que muchas veces es desde algunos medios de comunicación que se estigmatizan a los pueblos originarios, “creando la imagen de peligrosos y usurpadores de las propiedades privadas”. “Hay diferentes intereses contrapuestos, presión de sectores privados, nacionales y trasnacionales. Existe el lobby político y también los discursos de odio que se impulsan desde algunos medios que están vinculados con esos mismos empresarios. En la medida que no se prorrogue la ley, las comunidades no sólo están en peligro de ser expulsadas, sino, también, de sufrir mayores niveles de criminalización y violencia”, alertó.

Hacia una ley de propiedad comunitaria indígena

Ante un panorama complejo de territorios en disputa y una ley que adeuda el reconocimiento de un derecho, la necesidad de avanzar en la protección de los pueblos indígenas y sus territorios –para la investigadora- es urgente. Desde varios sectores que acompañan el reclamo, resuena la importancia de debatir una ley de propiedad comunitaria indígena que asegure definitivamente el derecho al territorio y establezca la imposibilidad de cesiones, ventas y desalojos posteriores.

Para Castilla, también se debe “revisar gran parte de las reglamentaciones que existen no sólo a nivel nacional, sino, también, provincial, porque se construyeron en otra época y es importante entender el contexto actual extractivista y que estas leyes no logran proteger a todos los pueblos indígenas de estos sectores”.

“Creo que, más adelante, vamos a tener que dar un debate al respecto y empezar a generar estrategias y herramientas con políticas públicas que visibilicen y den un lugar protagonista a las comunidades que sin dudas lo tienen”, concluyó.