Energía: ¿cuál es el norte?

Docentes e investigadores de la UNSAM estudian el escenario actual de la matriz energética argentina y los desafíos económicos, políticos y sociales que se deben sortear para orientarla a un desarrollo sostenible.

Carolina Vespasiano (Agencia CTyS) Una tarde cualquiera de los años 50’s, frente a las cámaras de Canal 7, una mujer vestida de punta en blanco insiste con probar las bondades de las vainillas caseras. “Si ustedes compran un paquete y comparan el precio… ¡Verán que, con tres huevos, 150 gramos de harina y 150 gramos de azúcar, sacan dos docenas!”, desafía y enseguida dispersa los ingredientes sobre la mesada para mostrar la receta.

— ¿Me pasa el batido, Juanita?

Doña Petrona C. de Gandulfo fue, durante varias décadas, la embajadora de las cocinas argentinas. Aseguraba que, con pasos sencillos e ingredientes accesibles, se podían hacer grandes delicias. La cocinera popular no solo revolucionó el recetario familiar. Su presencia en los medios masivos fue causa de otra gran transformación: el pasaje del querosén al gas natural.

Los cambios en la matriz energética nacional se dieron siempre a largo plazo, en tiempos significativamente superiores a los ciclos de la política y la economía y de las transformaciones sociales. La arquitecta e investigadora independiente de CONICET, Silvina Carrizo, y el director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM, Salvador Gil, explican a Agencia CTyS-UNLaM cómo se articulan estos aspectos y cuál es la situación actual de la energía en Argentina.

Desde el inicio de la utilización considerable del carbón hasta su auge, pasaron alrededor de 80 años. Un tiempo también largo necesitó el petróleo, cuyo uso masivo comenzó durante la Primera Guerra Mundial y tuvo su pico máximo en 1970, cuando empezaba a afianzarse el uso del gas natural que recién pasaría a brindar el mayor suministro energético en el año 2000.

“Argentina –apunta Carrizo- fue pionera en el desarrollo de redes de hidrocarburos. Fue el primer Estado en el mundo en fundar su propia empresa. Y 50 años después, favoreció la política de aprovechamiento de gas que, en primera instancia, sería para consumo residencial, luego, para el transporte y la industria, más adelante también para generación eléctrica”.

Hoy en día, el gas natural ocupa el 54 por ciento de la matriz energética, seguido por el petróleo, con un 35 por ciento, y por la energía hidráulica, con un escaso 5 por ciento. La energía nuclear, la leña y las renovables ocupan un 2 por ciento, respectivamente. Además, una fracción de la energía se importa desde países vecinos.

Coyuntura
En diciembre de 2015, el gobierno nacional declaró la “emergencia energética” para aplicar políticas en los sectores de generación, transporte y distribución de energía eléctrica con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico y garantizar su prestación. Una de las medidas más polémicas –mediadas por la justicia- tiene que ver con el aumento de tarifas de los servicios de gas y electricidad.

Salvador Gil aprueba la decisión de aumentar los precios de los servicios, pero advierte que las formas en que se aplicaron las subas fueron problemáticas. “El atraso tarifario –explica- es indicio de un sistema que no se sostiene porque, en primer lugar, disminuye la oferta energética por falta de inversiones y, en segundo lugar, genera una mayor demanda y esta combinación a mediano plazo conduce al desabastecimiento”.

Además, expone otro dilema detrás de este conflicto: “El hecho de generalizar los subsidios es paradójico porque reproduce inequidades: los habitantes, muchos de bajos recursos y sin servicios de gas natural, terminan subvencionando a las personas con mayores recursos de las grandes ciudades con acceso a las redes de gas, mediante el pago de sus impuestos”.

Sin embargo, el investigador evalúa que, tras la declaración de emergencia, hubiese sido importante acompañar su implementación con medidas uso racional de la energía “Hubiera sido aconsejable emplear un programa de educación de los usuarios que indicara dónde pueden hacer ahorros y cómo mejorar sus consumos para, simultánea y progresivamente, ir subiendo las tarifas mientras se contemplan las distintas realidades”.

En otras palabras, se trata de implementar políticas de racionalidad y eficiencia dirigidas no solo al consumidor residencial, sino al comercio y el sector productivo. “La racionalidad implica no derrochar energía. Eficiencia, en cambio, tienen que ver con el uso de energías de equipos de mejor rendimiento, como las lámparas led, que requieren un décimo de lo que consumen las incandescentes y podrían ser financiadas para que sean accesibles a los usuarios”, desarrolla el docente.

Otra energía
Una ley sancionada en 2006 –la 26.190- buscaba dar un impulso a la producción de energías renovables. Se esperaba que, para este año, el 8 por ciento de la energía eléctrica proviniera de este sector. Diez años después, la normativa fue actualizada mediante la Ley 27.191, en la que se redobló la apuesta: un 20 por ciento de energías renovables para 2025.

Hasta el momento, las energías renovables solo llegaron a ocupar el 2 por ciento de la matriz. Las energías eólica, solar (térmica y fotovoltaica), geotérmica y los biocombustibles deberían crecer, en su conjunto, a un ritmo de 30 por ciento anual para alcanzar el objetivo.

Carrizo explica que en los últimos años se han terminado grandes obras de generación –como la represa de Yacyretá y la central nuclear Atucha II-, se han tendido líneas de transporte y se buscó favorecer la diversificación procurando impulsar las energías renovables.

Así se incorporó el biocombustible a la matriz energética y como producto de exportación. No obstante, esta industria quedó concentrada fundamentalmente en los grandes productores de aceite de soja, azúcar y maíz, sin que se haya avanzado en el sector de autoconsumo contemplado en la Ley.

Tanto en los casos de generación de energía a partir de restos fósiles como en la producción de energías renovables, se necesita una planificación a largo plazo que contemple el periodo de inversión y construcción de la infraestructura, su explotación y la recuperación del capital.

En palabras de Salvador Gil: “Se necesita un horizonte de previsibilidad de 20 a 40 años, y ese tiempo es mucho más extenso que el de la política. Hacen falta reglas claras y una mayor interacción entre actores públicos, privados y sociedad civil para decidir cómo consumir mejor y, sobretodo, cómo cambiar la realidad”.

¿Y el cambio climático?
Además del desencuentro entre tiempos productivos, tiempos políticos y cambios culturales, se añade una carrera contra reloj en materia ambiental. La amenaza del aumento anual de la temperatura del planeta ya es una realidad visible en distintos ecosistemas y la utilización de energía es una de las causas responsables de este fenómeno.

El caso argentino tiene, al menos, un aspecto positivo: el hecho de abastecerse mayoritariamente con gas natural genera una emisión de gases de efecto invernadero mucho menor que el carbón, el petróleo, el gasoil y la leña. Sin embargo, y a pesar de los tratados internacionales a los que suscribe el país, no se realizaron políticas de reducción de carbono suficientes.

Por otro lado, hay una emergencia de reacciones sociales por el cuidado del medio ambiente, pero Carrizo aclara que, en Argentina, la sociedad se manifiesta fundamentalmente en lo relativo al impacto local de la explotación de los recursos, como en la explotación de Vaca Muerta y en mega minería: no hay un debate público sobre desarrollo energético.

Y ese debate, si se pretende instalar en la matriz y en el consumo a las energías renovables, debe darse, sobre todo porque, como coinciden Carrizo y Gil, “las nuevas tecnologías implican un desafío en tanto necesitan de grandes cambios de hábitos culturales”. Una tarea que requiere de políticas a largo plazo, la articulación con el mercado y la inclusión de los usuarios.

Y, tal vez, de una doña Petrona del siglo XXI que facilite los cambios.