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NOTA DE OPINIÓN

Megaminería: los pueblos tras el mito del desarrollo

Las investigadoras de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, trazan un recorrido por la lucha ambiental en Argentina y explican por qué las comunidades enfrentan obstáculos distintos frente a una misma demanda.


Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez (especial para Agencia CTyS-UNLaM) - El despliegue de la megaminería en Argentina se presentó asociado a una narrativa que aludía a la idea de progreso, a los beneficios que en forma directa o indirecta la actividad derramaría en los territorios. El lema “la minería como motor del desarrollo” procuró ser instalado fundamentalmente en aquellas localidades que históricamente no ocuparon un lugar central en las economías regionales y que se perciben postergadas. Por este motivo, el plano discursivo es tan relevante. No obstante, los ejemplos de otros países así como la experiencia de San Juan y Catamarca pusieron en evidencia los efectos ambientales, culturales, sociales de esta actividad. No sólo los daños ambientales que quedan a perpetuidad generan impactos negativos, también habría razones de índole económica y política que ponen en duda la conveniencia del modelo minero, factores que han despertado diversas formas de organización social.

En este sentido, la acentuación de la especialización primaria exportadora resulta preocupante, y su expresión, en los diversas regiones del territorio, presenta particularidades que dotan a cada escenario en disputa de cierta complejidad. Esto es, el perfil socioproductivo que asumió históricamente el territorio, la presencia o no de actividades económicas relevantes así como la procedencia de los actores económicos. Por otro lado, es relevante en el nivel local, las características que asume la dinámica sociopolítica así como también la institucionalidad pública resultante de las políticas de los gobiernos provinciales que influyen de manera sustancial en el tratamiento del conflicto. Otro elemento que interviene en la configuración del conflicto son las tradiciones de movilización existentes en cada territorio, las experiencias de organización y movilización previas en torno a diferentes problemáticas.

En el caso de las comunidades afectadas por la megaminería, el movimiento está integrado principalmente por asambleas socioambientales. Se trata de organizaciones de base territorial, de composición heterogénea, que, en ocasiones, articulan con otras organizaciones y actores sociales (campesinos, indígenas, organizaciones ambientalistas). Una de las características sobresalientes de estos colectivos es la construcción de un saber experto, resultado de un proceso de indagación y aprendizaje sobre conocimientos técnicos y legales del problema en cuestión. Un saber independiente necesario para enfrentar los discursos sobre las posibilidades de “desarrollo” y “progreso” que acompañan la actividad, así como la minimización de los impactos ambientales. La configuración de este saber se fortaleció en los últimos años y se amplió a nuevas temáticas como puede ser la protección del ambiente glaciar, los efectos de los derrames mineros en los cursos de agua, entre otros.

Las asambleas de autoconvocados recurren tanto a la acción directa como a la acción institucional, ambas se presentan de manera complementaria. El empleo de dispositivos legales -es decir, la movilización sociolegal- es central a fin de apelar a diferentes tipos de derecho – territoriales, humanos, ambientales- para detener el avance de la megaminería en el territorio o bien para denunciar las consecuencias de la actividad. Esta forma de acción se expresa, generalmente, en demandas al poder judicial y al legislativo, tales como recursos de amparo, presentación de proyectos de ley ante los diferentes niveles del Estado (municipios, provincias y nivel nacional).

Desde el año 2003, esta estrategia logró la aprobación de leyes que prohíben la actividad minera a cielo. Si bien en el caso de las provincias patagónicas de Chubut y Río Negro las leyes que limitaban la actividad fueron aprobadas en 2003 y 2005, respectivamente, seis provincias sancionaron una norma de estas características entre 2007 y 2008: La Rioja, Tucumán, La Pampa, Mendoza, Córdoba y San Luis; en el año 2011 lo hizo la provincia de Tierra del Fuego. En Río Negro y en La Rioja las leyes fueron derogadas y son varias las provincias cuyas autoridades y el lobby minero procuran declarar la inconstitucionalidad. Las asambleas estuvieron durante los últimos años, en provincias como Córdoba y Mendoza abocadas a la defensa de las leyes.

Frente a este panorama, el nivel de articulación de las asambleas socioambientales es importante dado que deben sortear el aislamiento y generar las condiciones para dar visibilidad a los conflictos que se desarrollan en localidades que se encuentran distantes tanto de la ciudad de Buenos Aires y, en la mayoría de los casos, también de los centros administrativos y políticos de las provincias. También como una forma de contrarrestar el aislamiento, las asambleas de vecinos autoconvocados tienden a conformar redes de proximidad geográfica y de alcance nacional.
Por ejemplo, la Unión de Asambleas Ciudadanas funciona desde el 2006 con el objetivo de articular y potenciar las luchas de las comunidades que se nuclean en defensa de los bienes comunes a escala nacional; lleva realizados más de treinta encuentros en diferentes provincias del país. No obstante, también es preciso mencionar que, pese a que la movilización socioambiental está presente en los territorios, en contadas ocasiones las cuestiones ambientales lograron instalarse en la agenda pública nacional.

Cabe señalar que, en pos de una mayor visibilidad, la articulación del movimiento socioambiental con otros movimientos sociales es una oportunidad pero, también, un desafío. En los últimos años, ciertas organizaciones han incorporado la problemática ambiental en sus agendas, como lo han hecho algunos sectores sindicales. Con relación a la articulación con el feminismo, por ejemplo, se trata de un proceso incipiente y que está en marcha. La importante participación de mujeres en el marco de las asambleas socioambientales hacen que en éstas se encuentren presentes muchas de las preocupaciones que tienen lugar también en los movimientos de mujeres; la crítica a la violencia que se ejerce contra la Naturaleza y contra lo femeneizado, permite tender lazos entre ambos movimientos.

Hay algunos pasos dados en este sentido, por ejemplo, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres, desde hace algunos años existe un número importante de talleres, donde se aborda la cuestión de género y ambiente. Paralelamente, el último encuentro de la UAC que se realizó hacia fines de abril tuvo dentro de los tres ejes definidos de trabajo, uno abordó la temática Patriarcado y Ecofeminismo. Estos espacios nos hablan de una articulación tan novedosa como potente.

Lorena Bottaro es Doctora en Ciencias Sociales, Master en Economía social y Licenciada en Política Social. Es investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En los últimos años, ha desarrollado investigaciones sobre los conflictos socioambientales alrededor de la problemática de la megaminería a cielo abierto en Argentina. Sobre este tema ha publicado dos capítulos en el libro “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales” (Svampa y Antonelli coord./ Biblos/UNGS/2009, en coautoría con Svampa y Sola Álvarez).

Marian Sola Alvarez es Licenciada en Sociología (UBA), Master en Planificación urbana y regional (UBA) y doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y dicta clases en la materia Problemas Socioeconómicos Contemporáneos. En los últimos años, desarrolló investigaciones sobre los conflictos socioambientales en torno a la megaminería a cielo abierto en Argentina. Publicó artículos en revistas académicas y capítulos de libros; co-coordinó el libro “Agua y Megaproyectos mineros en América Latina”.

Fecha de Publicación: 2019-05-12
Fuente: Agencia CTyS