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EXTRACTIVISMOS

Acumulación por desposesión, la doble vara del discurso productivo

El geógrafo e investigador de CONICET Sebastián Gómez Lende cuestiona la idea de “desarrollo”, que se mide en términos productivistas y no en términos de bienestar social, y desnuda el vínculo entre Estado y corporaciones para “legitimar” situaciones nocivas para la salud y el ambiente, a raíz de la actividad extractiva.

Carolina Vespasiano (Agencia CTyS-UNLaM) – Derrame de petróleo en Río Negro, metales pesados en los ríos de San Juan, pérdida de biodiversidad en Jujuy, glifosato en las napas, cuencas y en el agua de lluvia del litoral, enfermedades en todo el territorio. Estas son solo algunas de las consecuencias que las producciones extractivas generaron desde su desembarco en los noventa.

Sin embargo, muchos de estos problemas se ocultan tras el “progreso” que implica el extractivismo. ¿Qué tipo de vínculo tienen el Estado y las corporaciones? El geógrafo Sebastián Gómez Lende analiza las estrategias simbólicas y políticas para que el modelo productivo se instale como algo “inevitable y deseable”.

El investigador indica que la “acumulación por desposesión” del extractivismo no podría darse “sin el beneplácito del Estado, por acción u omisión”. En esa línea, sostiene que una de estrategias para solapar el daño es la tergiversación del principio precautorio en materia ambiental, que establece que “si hay duda de que algo es nocivo para la salud, debe prohibirse hasta que se demuestre que no lo es”. 

¿Por qué, al día de hoy, el extractivismo minero tiene legitimidad política?
Las desigualdades materiales se traducen en desigualdades de poder en los discursos. Hoy en día, pesa más el discurso de las corporaciones y el Estado que el discurso de los afectados cotidianamente por los impactos de la actividad minera y el extractivismo en general. Hay todo un conjunto de tecnologías sociales que las corporaciones mineras han venido desarrollando para cooptar el imaginario colectivo con la idea de progreso en provincias o áreas del país que siempre se caracterizaron por la pobreza estructural. Entonces, la promesa del desarrollo aparece como punta de lanza del discurso de las mineras donde, en el marco de este sistema neocolonial, la gran corporación trasnacional pasa a ser saludada como el adalid y el promotor del progreso. Porque, supuestamente, gracias a estas empresas, llegó la red de gas natural, llegó el acceso a la energía eléctrica, etcétera, aunque muchas veces los voceros del modelo convenientemente olvidan señalar que ese acceso es muy puntual y limitado, fragmentando en vez de lograr la tan mentada inclusión social. Emerge entonces la contradicción entre la necesidad manifiesta de igualar minería a desarrollo y una realidad empírica que indica exactamente todo lo contrario. Por eso, el concepto de psicosfera propuesto por el intelectual brasileño Milton Santos se refiere al discurso de la modernización inevitable, a ese conjunto de manipulaciones que buscan imponer en el imaginario colectivo la idea de que este proceso no solamente es inevitable, sino que incluso es deseable.

¿Qué implica el desarrollo según este modelo?
Después de la década neoliberal de los noventa y su ciclo de valorización financiera, aparece como un discurso monolítico la idea de impulsar al capital productivo, retornar a la “economía real” y generar una mayor tasa de empleo, con el correlato de salir de la pobreza. A partir de entonces, la cuestión en todo momento apuntó a igualar y homogeneizar discursiva y simbólicamente lo que tiene que ver con el progreso y el desarrollo en toda la región. El pequeño detalle es que la visión que tienen del desarrollo los pueblos originarios y las comunidades locales de las áreas en las que se implanta el modelo minero dista mucho de la visión de desarrollo que tienen las corporaciones y el Estado. El desarrollo se mide en términos productivistas y no en términos de bienestar social. Si miramos por ejemplo el caso de la minería, nos vamos a dar cuenta de que es una actividad con una capacidad de generación de empleo prácticamente despreciable o irrisoria, más aun la rama metalífera. Entonces, en esencia la cuestión se reduce a engañar discursivamente para de esa manera generar la aceptación del modelo. 

¿De qué forma se debate públicamente la relación Estado-extractivismo?
Cuando la clase política plantea el debate con respecto al extractivismo -en los pocos casos en que lo abrió-, la discusión siempre tuvo un sesgo economicista y muy reduccionista. Tomemos por ejemplo a los gobiernos neo-desarrollistas, que dijeron defender la soberanía pero la hipotecaron en un sinfín de campos: lo sanitario, lo ambiental, lo productivo, lo social. La discusión pública que plantearon, si es que se la puede considerar tal, tuvo que ver básicamente con el hecho de la captación de parte de la renta exportadora y de cómo esto podría redundar en el equilibrio o no de las cuentas fiscales. A su vez, esto está vinculado a otra problemática más amplia que es la deuda externa. Entonces, en realidad lo que los gobiernos hacen de manera más sutil (en el caso del neo-desarrollismo) o de manera más cruda (en el caso del actual modelo de restauración neoliberal) tiene que ver básicamente con el hecho de generar recursos para satisfacer otro interés hegemónico capitalista que está vinculado al capital financiero, pero el cordón umbilical que une a ambas cuestiones es exactamente el mismo. Si realmente la discusión pasara por una cuestión vinculada a la soberanía económica, que es donde el Estado neo-desarrollista y las corporaciones siempre pusieron el eje de la discusión, nos encontraríamos con que lo que el Estado captó no alcanzaría a cubrir siquiera una exigua parte de la inversión que se requeriría para -en el mejor de los casos- mitigar un daño que no existiría si no se hubiese implantado el modelo extractivo. Ni hablemos de lo que ocurre durante la actual gestión neoliberal, donde directamente no existe la más mínima voluntad de debatir el modelo: guste o no, se lo impone y punto.

¿Qué consecuencias trae ubicar el debate en lo económico?
Mantener la discusión dentro de esos términos puede ser interpretado como un mecanismo de acumulación por desposesión donde el Estado brinda respaldo jurídico, moral e institucional al modelo y al mismo tiempo socializa el costo empresario de las corporaciones. Captar la renta exportadora sólo sirve, en el mejor de los casos, para generar una suerte de falso efecto derrame que no hace más que convertir a las capas de población más postergadas del país en rehenes del modelo, porque en ese esquema el extractivismo genera devastación pero al mismo tiempo genera condiciones materiales que permitirían, en teoría, lograr un mínimo umbral de subsistencia. Esa contradicción es insoluble y tiene que ver con un progresismo bastante tibio, producto de una combinación de miopía y dogmatismo.

¿Qué distancia hay entre el Estado y las empresas extractivas?
Las distancias ya no son claras. Te diría que ya prácticamente no hay ninguna. El Tratado de Integración Minera con Chile indica, por ejemplo, que la cordillera ya no es ni chilena ni argentina, es un tercer país minero, donde básicamente hay como una especie de cesión voluntaria por parte de ambos Estados del control del territorio y de la fuente básica de los recursos hídricos (las nacientes de los ríos cordilleranos), que hoy en día están controlados por las compañías mineras formando todo un conglomerado de territorios militarizados, donde el paso para un transeúnte cualquiera o para los habitantes de la zona está vedado sino se cuenta previamente con el permiso de la compañía minera, su personal privado o las fuerzas públicas de seguridad que operan al servicio de la empresa. A su vez, las empresas extractivas también ofician de ministerios de Desarrollo Social paralelos, estableciendo mecanismos de dependencia en los territorios donde operan. Todo esto indica que los fenómenos de acumulación por desposesión del extractivismo no pueden darse sin el beneplácito del Estado, por acción o por omisión. Y este beneplácito rebasa las fronteras ideológico-partidarias. Desde la década de 1990 hasta la actualidad, el extractivismo ha sido política de Estado, independientemente del gobierno de turno. Tanto el neoliberalismo como el neo-desarrollismo y el gobierno actual han apoyado e impulsado el modelo sin ambages, y los pocos cambios que han introducido han sido para ampliar las ventajas con las que cuentan las corporaciones, no para limitarlas. 

¿Qué ocurre con las leyes que, en el mismo periodo histórico de los noventa, ampliaron los derechos y el reconocimiento a los pueblos originarios?
Hay una contradicción manifiesta entre el dicho y el hecho. Desde lo discursivo y desde lo jurídico, existe una normativa que, en la práctica, no se cumple. Mejor dicho, hay todo un andamiaje jurídico a nivel país que sólo se cumple en función de a quién beneficia. Cada vez que las comunidades quieren hacer uso de sus derechos, se encuentran con una oposición monolítica por parte del Estado que directamente las sofoca y las anula. ¿Qué ocurre con todas las leyes que impunemente violan las empresas extractivas en general y mineras en particular? Nada. Esto lo vemos en el caso de la actividad hidrocarburífera, en la desposesión de la tierra en el norte del país, en el avasallamiento a las comunidades campesinas y aborígenes. Hay empresas que tienen causas de contrabando por 40 mil millones de dólares, otras que estarían en serios problemas si se aplicara como debiera aplicarse la Ley de Glaciares -Barrick Gold en Veladero, por ejemplo, que además está en una zona de reserva de biosfera, al igual que el proyecto Chinchillas en Jujuy-. La cuestión de la legalidad se ha tornado cada vez más sesgada: cuando se la aplica para favorecer determinados intereses hegemónicos, supone legitimar desde el Estado lo que en otros casos entenderíamos como delito; pero cada vez que una comunidad lucha por subsistir ante los embates del modelo extractivista, se la tilda de “grupos fundamentalistas” que operan al margen de la institucionalidad. 

¿Cómo se legitiman los discursos disidentes?
Hay una cuestión básica que tiene que ver con el hecho de que la experiencia cotidiana de las comunidades pasa a ser avasallada por el Estado, que decide escuchar solamente una campana de lo que es el discurso científico -dejando de lado a los voces críticas- y no considera que las comunidades sean un actor válido o legítimo para opinar de las cuestiones que sufren día a día. Porque el problema aquí es que los discursos disidentes de las comunidades, con sus denuncias de contaminación, aparición de patologías graves y otras problemáticas sanitarias y ambientales vinculadas con el extractivismo, ponen en jaque al discurso hegemónico de las ciencias técnicas corporativizadas sobre la supuesta “seguridad” e “inocuidad” del modelo. Cuando aparecen resistencias como el Basta de fumigar o el No a la Mina, el Estado lleva adelante una estrategia que, en primer lugar, consiste en invisibilizar la realidad. Pero cuando esta realidad ya es ineludible e imposible ocultar, no tiene otra opción que deslegitimar el reclamo porque supuestamente no estaría fundado en el conocimiento científico. 

Al evidenciarse esa doble vara en materia de derechos, ¿es el plano jurídico el lugar para librar las luchas ambientales?
Quizás. Pero el gran problema en ese sentido es que las pequeñas victorias que se van logrando, como la prohibición en algunas localidades de fumigar con agrotóxicos a determinada distancia de áreas pobladas, no atacan la raíz del modelo. Es innegable que poner límites de esa índole a las fumigaciones sirve para paliar el aspecto más crudo de la problemática. Pero la cuestión esencial sigue sin respuesta. Recientemente, investigadores de CONICET demostraron que el 80% de las muestras de agua de lluvia tomadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos contiene glifosato y atrazina. Es decir, no importa cuánta distancia se ponga entre las fumigaciones y las zonas pobladas, el problema sigue existiendo. La raíz del problema es la no aplicación del principio precautorio en materia ambiental que establece que “si hay duda de que algo es nocivo para la salud, debe prohibirse hasta que se demuestre que no lo es”. En este caso, se lo está aplicando al revés: se va a usar hasta tanto las comunidades demuestren que sus afecciones y patologías tienen que ver con las fumigaciones. Y esta dinámica perversa se ve en todo el país, en las plantaciones forestales de Misiones, en el Chaco sojero y algodonero, etcétera.

Fecha de Publicación: 2018-12-12
Fuente: Agencia CTyS